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Queremos cerrar este ciclo informándole al país
que las FARC-EP, en el día de hoy
entregaron a su contraparte en la mesa
un conjunto de nuevas iniciativas
que entran a completar un total de 50 propuestas mínimas
en las que exponemos nuestra visión global,
el análisis y las ideas, que consideramos,
pueden coadyuvar a la solución del problema
de las drogas de uso ilícito en Colombia.
Al abordar los tres grandes aspectos
de este cuarto tema de la Agenda del Acuerdo General de La Habana,
tercero en discusión en la mesa,
hemos planteado con sólidas argumentaciones,
que lo primero que hay que hacer en función de esa solución,
es trazar un nueva política con contenidos profundamente humanos,
que entienda el fenómeno como un problema de tipo social
que no puede ser lidiado con medidas prohibicionistas,
de simple interdicción, de reacciones punitivas,
de represión y de tipo militar.
Implica esto,
que Colombia debe iniciar un nuevo camino,
una nueva estrategia en la lucha contra los usos ilícitos
de los cultivos de coca, marihuana y amapola,
una nueva estrategia en el tratamiento del consumo
y los problemas de salud pública que ellos conllevan,
y decidirse a erradicar
de manera definitiva el problema de la comercialización o narcotráfico,
que es el eslabón fuerte y peligroso,
motivante fundamental de las calamidades económicas y sociales
que el problema acarrea.
Lo anterior lo expresamos porque está demostrado que en Colombia
la llamada guerra contra las drogas,
que ha servido como mampara para desenvolver acciones contrainsurgentes,
aumentar la represión a las comunidades empobrecidas del campo
y escalar la confrontación, ha fracasado.
Algunos, desde la institucionalidad,
o desde otros flancos cargados de no poca irracionalidad,
insisten en afirmar
que las políticas centradas en la erradicación forzosa y en las aspersiones,
han logrado la reducción de cultivos de coca
hasta en un 50%, y que esa es la muestra fehaciente
de que no ha habido fracaso en tales prácticas.
Pero nosotros nos preguntamos, a qué costo.
Cuántas vidas se han tenido que sacrificar,
cuántas masacres y fosas comunes
se han diseminado a lo largo y ancho del territorio,
cuánta tierra, fuentes de agua,
cuánta biodiversidad se han envenenado
generando enormes desastres ambientales.
Definitivamente es invaluable el daño y enorme la profundización
de la crisis humanitaria que la cuestionada política nos ha instalado,
solo para constatar que las hectáreas de cultivo de uso ilícito
hoy producen cinco y seis veces más que antes
y que los niveles y precios de exportación para beneficio,
sobre todo del capital financiero,
que es el que se lucra,
siguen oscilando entre la estabilidad y el aumento.
Es necesario que a Colombia se le hable
con la verdad sobre este tema que a diario es utilizado para estigmatizar,
no solamente a la insurgencia,
sino sobre todo,
a los campesinos vinculados a los cultivos de uso ilícito,
que son en últimas, al lado de los consumidores,
víctimas de un fenómeno trasnacional del que el capitalismo central,
como principal consumidor, distribuidor,
generador de insumos y de los instrumentos de la violencia,
es el principal responsable.
Bajo estas reflexiones,
y recogiendo las iniciativas comunitarias,
tal como lo hicimos en los puntos anteriores de la agenda,
es que las FARC-EP han elaborado las 50 propuestas mínimas
que hoy completamos con un paquete de ideas
referidas a la persecución de los grandes capitales involucrados
con el narcotráfico, al lavado de activos,
a la responsabilidad de los Estados del capitalismo central
y a la necesidad de una política global para resolver el problema.
Nos permitimos recordarles, en síntesis,
que de este cúmulo
hacen parte el Programa nacional de sustitución de los usos ilícitos
de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana,
inspirado en el Plan de sustitución de cultivos ilícitos,
propuesto por el comandante Manuel Marulanda Vé***
para el municipio de Cartagena del Chairá, en junio del 2000.
Y por otra parte,
dentro de un marco conceptual claro y preciso,
sustentado en un documento de inicio, denominado:
Contornos de una discusión.
Visión sobre una solución al problema de las drogas ilícitas,
y que fue acompañado con seis grandes reflexiones
sobre la guerra contra las drogas,
desplegamos un universo de propuestas
para el conjunto de los tres ítems del caso.
Estas propuestas
se circunscribieron a 10 temas generales que mencionamos a continuación:
1. Política anti-drogas integral, soberana,
democrática y participativa,
orientada a los pobres del campo y a los consumidores.
2. Condiciones estructurales para la superación
de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola.
3. Reconocimiento y estímulo a los usos alimenticios, medicinales,
terapéuticos, artesanales, industriales y culturales
de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.
4. Sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca,
marihuana y amapola y programas de desarrollo alternativo.
5. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato
y reparación integral de sus víctimas.
6. Desmilitarización de la política anti-drogas,
no intervencionismo delos Estados Unidos
y otros sujetos del capitalismo central,
y descriminalización de los pobres del campo.
7. Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas
como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores.
8. Política anti-drogas
centrada en el desmonte de estructuras narco-paramilitares,
criminales y mafiosas entronizadas en el Estado.
9. Política anti-drogas centrada en la persecución
a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico.
10. Responsabilidad de los Estados del capitalismo central,
compromisos regionales y requerimientos para la implementación
de una política antidrogas de carácter global.
Puestas todas las cartas sobre la mesa de parte nuestra,
y siempre abogando
porque a la participación de las organizaciones sociales y populares
en los debates se les brinde el espacio de participación
y decisión a que tienen derecho,
las FARC-EP, solicitan que el gobierno,
ahora, presente también su visión y propuestas concretas de solución
para todos los ítems,
y faciliten con prontitud salidas sensatas a la temática,
de manera tal que la esencia de sus resultados sea
la solución a los inmensos problemas de miseria y desigualdad
que empujaron a grandes sectores de la población rural
a refugiarse tras las economías ilegales para sobrevivir.
Lamentablemente,
tenemos que ocuparnos también de los enemigos
de la solución política del conflicto social y armado,
que atrincherados en altos cargos del gobierno,
no cesan de sabotear los esfuerzos que propenden
por el entendimiento entre los colombianos,
sin que se haya escuchado hasta ahora ninguna reconvención presidencial.
El ministro Pinzón
exige a algunos de nuestros voceros
pronunciarse sobre la realidad del narcotráfico en las FARC
fingiendo no percatarse que de manera suficiente
hemos expuesto nuestras verdades.
Es más, entre nuestras propuestas está,
y lo reiteramos ahora,
la exigencia de establecer en este campo también una Comisión independiente
especializada de la verdad
sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico,
para que en este espacio
afloren los argumentos y conclusiones que coloquen
de una vez por todas en su sitio
a los verdaderos responsables de un flagelo
en el que la institucionalidad que representa el ministro
está untada hasta los tuétanos.
Este sujeto, el de la agenda extraviada en su viaje a Washington,
al que la CIA parece haberle asignado,
dentro de su condición de lacayo,
el papel de disparar todos los días contra el propósito de paz
por el que claman los colombianos,
está en deuda
de hablarle al país sobre la realidad de los escándalos actuales
de corrupción por el que atraviesan las Fuerzas Armadas
y de los cuales no está exento,
y hablarle también de sus propios escándalos
relacionados con negociados que favorecen
a proveedores del Ministerio de Defensa
de los cuales recibe prebendas, dotes, gangas y canonjías,
apartamentos y gomina.
¿Qué hacía mientras el coronel Robinson Gonzá*** del Río
durante años, frente a sus narices,
suministraba armas a los grupos narcoparamilitares?
En un gobierno decente, sin duda,
un funcionario de esta calaña ya habría sido despedido del cargo.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
muchas gracias, les deseamos éxitos