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La verdad es que esta PL de CIU a nuestro Grupo no le sorprende absolutamente nada porque está en la línea del tipo de política de secesión en la que Uds. están inmersos
y en ese contexto tiene mucha lógica. Sin embargo, pese a que ya no nos extraña nada puesto que hemos oído elogios de la desigualdad fiscal y de que todo está resuelto
en materia de corrupción y de que no hay que hacer nada y ya no nos sorprendemos demasiado, nos llama poderosamente la atención el presentar algo que, dicho de un modo resumido,
es utilizar el derecho contra la justicia. Es de una perspectiva que se basa en cuestiones de legalidad para ir contra la legitimidad y contra instituciones básicas en la democracia
como son el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todos aquellos justiciables y, también, para todos los profesionales de la justicia y además,
aunque desde luego solo puedo calificar de sincero lo que Uds. proponen y no les acusó de ocultar nada, genera una escandalosa indefensión para todas aquellas personas
que no cumplen los requisitos que Uds. consideran tiene que tener en Cataluña cualquier ciudadano, requisitos que son absolutamente arbitrarios e inventados por Uds.
que no tiene nada ver con la realidad lingüística ni cultural ni política de Cataluña o de cualquier otra Comunidad Autónoma bilingüe.
Y, "como Ud. no cumple la norma, se fastidia". ¿Por qué? Porque lo que Uds. proponen consiste, básicamente, en una reforma de un artículo importante, el 231, de la Ley del Modelo Judicial-
aunque hay más cosas, este artículo es el básico que Uds. quieren cambiar- que trata de la lengua oficial para actuaciones judiciales. El artículo dice:
"1. En todas las actuaciones judiciales los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado.
2. Los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de juzgados y tribunales podrán usar también la lengua oficial propia la Comunidad Autónoma
si ninguna de las partes se opusiere alegando desconocimiento de ella que pudiera producir indefensión".
Lo único que ocurre con la Ley del Poder Judicial es que no garantiza lo que Uds. persiguen: el monopolio absoluto de la Administración de Justicia por aquellos ciudadanos,
que nos son desde luego todos, que tengan un perfil lingüístico determinado.
La situación es digna del antiguo régimen- habría que volver a las épocas de aquellos tribunales de los reyes absolutos- en que determinados ciudadanos son de segunda o tercera
y tienen un rango inferior y tienen que ir con un traductor como si fueran extranjeros porque resulta que alguien, el poder político, ha decidido que lo que importa no es la lengua
de la persona sometida a un procedimiento judicial, la del ciudadano, sino la del tribunal.
Es decir, pone por encima los requisitos de tipo administrativo - normativo - laboral - profesional del tribunal a los derechos del ciudadano y encima estamos hablando
de derechos del ciudadano que son de Comunidades bilingües donde hay dos lenguas cooficiales.
Ocurre que Uds., que esto ya lo han conseguido en educación y las relaciones con las Administraciones Públicas- en concreto me refiero a Cataluña- también quieren hacerlo con la justicia;
quieren expulsar al castellano de su condición de cooficialidad. Esto es un hecho objetivo porque una lengua que no se puede usar ni alegar que es la lengua que tú conoces y, por lo tanto,
deseas porque tienes el derecho constitucional a ser juzgado en castellano, puede ser denegado con la reforma de su ley por el tribunal.
Es más, no solamente es la indefensión a la que quedan sometidos ya los justiciables; además plantea una situación que debe de ser su idea, o la de sus aliados de Esquerra, de la doble nacionalidad:
que todos los colegiados, abogados, jueces, magistrados, etc. catalanes- y también si esto se aplicará en las Comunidades Autónomas bilingües, vascos, navarros, valencianos, gallegos, etc.-
podríamos decidir acceder a cualquier puesto de trabajo en toda España, pero sin embargo no hay reciprocidad; los españoles que no conocen alguna lengua cooficial quedan excluidos
automáticamente del acceso a la Administración de Justicia en esas Comunidades Autónomas porque esto es una consecuencia directa de esta ley si se aprobara.
Esto se llama en todas partes ley del embudo. Esto es llevar la secesión a la justicia. Si Uds. lo que quieren es una Administración de justicia que no tenga nada que ver con la española
tiene sentido dentro de un proceso de secesión en el que Uds. están inmersos. Pero entonces, ¿por qué nos traen esto aquí? Aunque no les guste, esto es el Parlamento de España.
Comprendo que esto, a algunos, les provocará urticaria, incluso momentos de grave inseguridad emocional, pero esto es lo que hay.
Y estamos aquí porque hay una Constitución que Uds., por cierto- me da igual si es por imperativo legal o porque se lo han impuesto- han prometido defender
y esto va absolutamente contra el espíritu de la Constitución, que habla claramente de un Estado de derecho que sólo puede tener una Administración de justicia aunque esté descentralizada
y algunas competencias estén transferidas a las Comunidades Autónomas. Pero desde luego a Uds. nadie les puede dar, porque sería una aberración democrática
- no ya legal- la competencia de discriminar por su lengua a sus ciudadanos en función de que no sean lo que Uds. quieren.
Esto sí es un proyecto de justicia, pero de justicia nacionalista que es, como las matemáticas o la medicina nacionalistas, una caricatura del objeto que imitan. Y no tiene nada que ver.
Si Uds. quieren decir a los catalanes que no tienen dominio suficiente del catalán o que sencillamente no se aclaran que van a ser juzgados en catalán y que allá ellos si no han sido capaces
de cumplir los requisitos que Uds. han puesto díganselo a sus ciudadanos que son los primeros que tienen que ser informados a ver qué les dicen.
Yo ya se lo digo desde aquí, es una aberración. Por lo tanto, y como es una aberración, no solamente vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta ley,
sino que nos vamos a oponer siempre y en todo momento a esta ley; da igual si tenemos 5,50 o 1 Diputado, sea aquí, en el País Vasco o Cataluña a esta ley y a el espíritu que la forma.
porque no solamente destruye la Administración de justicia en un Estado de derecho, por lo que dejaría de serlo,
es que, además, introduce un apartheid lingüístico y un retroceso en los derechos de los ciudadanos que tienen dos lenguas cooficiales.
Esto deberían Uds. escribírselo todas las mañanas: "Son dos las lenguas cooficiales". No solamente la que Uds. quieren y esto, ya lo sabemos, lo hacen e incumplen sistemáticamente.
Nuestro grupo ya les advierte que esto es un casus belli democrático para nosotros, es absolutamente intolerable por lo que significa de destrucción del Estado de derecho,
de la igualdad ante la justicia, de la libertad de acceso en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos a la justicia, de indefensión para los ciudadanos que son de sus Comunidades Autónomas,
que van a ser perjudicados- o que lo serían- si se planteara esta ley.
Y, por supuesto, aunque ya sé que esto les importa un rábano, de absoluta incompatibilidad e incongruencia con la idea de que existan instituciones europeas comunes para todos los ciudadanos
que utilicen las lenguas comunes de todos los Estados. Desde luego, sería cómico que Uds. trasladaran esta exigencia a los tribunales europeos y que hubiera un tipo de exigencia
a aquellos que quieran aspirar de que conozcan las tradiciones británicas sobre la gestión de la sidra o respecto a determinada lengua
de cualquiera de los rincones europeos donde se hablan muchas más lenguas de las que son oficiales de los Estados.
Realmente, en esta ley uno no sabe si admirar más su propósito o la manera en que tergiversa los conceptos que dice defender para darle la vuelta por completo
y convertirles en exactamente lo contrario de lo que son.
Nos parece un retroceso tan escandaloso en el concepto de justicia democrática que realmente no tiene un pase. Muchas gracias.