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Mi grupo ha presentado tres enmiendas a esta propuesta de reforma de un estatuto, cuestión que no es baladí y no solo porque sea una ley orgánica, sino porque creemos
— lo hemos dicho muchas veces, lo voy a volver a explicar hoy con la esperanza de que alguien que quiera escuchar, escuche— que afecta a una cuestión nuclear de la propia democracia,
que es la conversión de los votos en representación, la incorporación del pluralismo en las instituciones democráticas y la constante corrección del sistema
en el sentido de mejorarlo y no de empeorarlo y de convertirlo, por tanto, en un sistema inclusivo y no en un sistema que excluye a aquellos ciudadanos que tienen la extravagancia, por lo visto,
en opinión de algunos, de votar a partidos que no son los de siempre que se van turnando en el poder.
Las tres enmiendas que a continuación explicaré tratan, precisamente, de garantizar que esta tropelía no se cometa, y voy a repetir lo que he dicho, es una tropelía, es un atropello.
No se puede aprovechar estar en una situación de mayoría en una institución, en este caso en el Parlamento de Castilla-La Mancha, para intentar aprobar reformas estatutarias
que sirvan para blindar al partido que está en ese momento, circunstancialmente, por mucho tiempo que sea, en la mayoría parlamentaria.
Un sistema como el democrático español, que tiene sus defectos, que ha ido convirtiéndose en un mal sistema, como todos los ciudadanos repiten una y otra vez que se les pregunta, tiene un problema.
Si no quiere cambiar solamente puede empeorar. Es decir, si no quiere librarse de algunos de los vicios que tiene, y uno de ellos es una ley electoral deficiente, solo puede empeorar,
y esto es lo que está ocurriendo, a esto estamos asistiendo.
No se ha querido hacer una reforma electoral que permita un sistema realmente proporcional y representativo, y lo que se está haciendo es presentar reformas electorales como esta,
encubierta como una reforma estatutaria que, en realidad, lo que hacen es empeorar, todavía más, un sistema electoral que ya deja muchos votos,
que ya deja a muchos ciudadanos sin representación o que les deja con una representación completamente insuficiente, como es el caso de este Congreso
donde la desproporción que existe entre votos y escaños en algunos grupos llega, sencillamente, a lo esperpéntico.
Señorías, con esta reforma se trata de excluir de la representación política en las Cortes de Castilla-La Mancha a aquellos ciudadanos castellano-manchegos
que no voten a algunos de los partidos mayoritarios. Esto no es un juicio de valor, es un hecho.
Cuando se meten umbrales de acceso del 12 o del 15 % en determinadas provincias, lo que se está haciendo es, ni más ni menos, para que todo el mundo nos entienda,
excluir de la representación a todas aquellas candidaturas que no obtengan ese 12 % o ese 15 % en las elecciones, lo cual en un sistema polipartidista es sumamente difícil
y, como es sumamente difícil, aquí lo que se está haciendo al dificultarlo aún más es impedir que exista.
Se trata de blindar, por tanto, un modelo bipartidista no mediante una oferta política de extraordinaria calidad que hace que los demás partidos queden fuera de juego,
sino sencillamente excluyéndoles de la competición parlamentaria mediante una ley electoral que bloquea su acceso.
Insisto, no importa lo que ocurra con los partidos, lo que importa es que a un porcentaje tan alto como el 12 % o el 15 % de los ciudadanos se les excluya de la representación.
Esto va directamente contra el principio de que las instituciones democráticas están para expresar el pluralismo político de la sociedad.
Últimamente, se está extendiendo demasiado— lo acabamos de ver en Italia— el argumento de que una ley electoral tiene como finalidad permitir la gobernabilidad de un país.
Esto es completamente falso. Una ley electoral tiene como principio y como única justificación permitir la conversión de los votos de una manera proporcional y representativa en representación.
Cuando una ley electoral pone por delante la gobernabilidad o, como se ha expuesto muchas veces en la defensa de esta reforma estatutaria, el ahorro,
lo que está haciendo es proponer que la democracia es un sistema despilfarrador en el que hay que ahorrar, evidentemente es un ataque completo al concepto mismo de democracia,
o bien decir que la desaparición de la división de poderes ha llegado ya a tal extremo que los parlamentos molestan, fastidian a los Gobiernos, perturban su derecho a gobernar,
y los Gobiernos no tienen un derecho especial a gobernar, solo tienen una encomienda de ejecución, pero bajo control parlamentario, si no, no es un régimen parlamentario.
Lo que se presenta aquí es un ataque directo al régimen parlamentario, pero, claro, ni siquiera es uno de tipo asambleario o de democracia directa,
que también tiene sus defensores legítimos, etcétera. Aquí de lo que se trata es de un empeoramiento del sistema para pasar de una democracia a una oligarquía,
es decir, un sistema en el que muy pocos tienen el control de la totalidad de las instituciones, pero bajo fórmulas supuestamente democráticas, que no lo son porque excluyen
la igualdad de sufragio activo y pasivo. Es decir, excluyen la igualdad de ser representante y de votar al representante que tú quieres que te represente. Esto es lo que está ocurriendo.
Hay más cosas en esta reforma electoral que se han comentado aquí en otros debates que no voy a dejar de mencionar porque hay que mencionarlas.
Una reforma electoral vía estatutaria que bajo la invocación del ahorro como un bien absoluto reduce un parlamento autonómico a un número de diputados
que es inferior al que tienen muchas ciudades en concejales, es decir, menos parlamentarios que los concejales que hay en una gran cantidad de ciudades en España,
sencillamente es un parlamento que ha renunciado a tener contenido sustancial.
Es mantener las instituciones para mantener la representación, para mantener cargos y para mantener todo lo que va en torno a una institución, pero vacía de contenido.
Esto también explica por qué se ha dado ese paso de privar de dedicación exclusiva a los parlamentarios, de imponerles a todos la parcial y de sustituirla, lo cual es algo francamente fraudulento;
es una remuneración pública, fija y conocida por todos, y sobre todo conocida por Hacienda, que se convierte en un sistema de dietas opaco que no tributa y que, además, es arbitrario,
porque depende finalmente de la voluntad del grupo mayoritario, como ocurre, por cierto, en muchos ayuntamientos de España también.
Es reducir un Parlamento autonómico a una especie de superayuntamiento, pero que ni siquiera tiene las competencias de un ayuntamiento porque, de alguna manera,
ya se da por hecho que no tiene el menor interés como órgano legislativo, puesto que no existe un fundamento real para su actividad;
es sencillamente mantenerlo de un modo simbólico como una bandera que está ahí, pero no como una institución que sirve para el autogobierno.
Lo del autogobierno hay que tomárselo en serio. Aquí hay gente que tiene posturas muy distintas: unos son independentistas, otros son regionalistas, algunos somos federalistas
y otros piensan que el Estado de las autonomías es un modelo perfecto.
Pero hasta ahora no había habido aquí nadie que dijera que hay que mantener instituciones de autogobierno, pero privadas de autogobierno.
Esto es una novedad, pero una novedad de tipo degenerativo. ¿Cuál es el ahorro de reducir el número de parlamentarios?
¿En qué consiste la mejora para la representatividad y el funcionamiento de las instituciones que se consigue quitando las retribuciones públicas e instaurando dietas?
Por cierto, he de recordarles que Uds., el P.P., en la Asamblea de Madrid en el año 1997 suprimieron el sistema de dietas, e hicieron muy bien,
porque se dieron cuenta de que era una sistema necesariamente degenerativo y fraudulento, porque se acababan convocando reuniones y comisiones sin ningún sentido solo para cobrar las dietas,
y se vio que era un progreso de transparencia y de decencia que todos los parlamentarios tuvieran una retribución fija, que además todo el mundo supiera y que tributara.
De manera que lo que proponen es un verdadero retroceso, es una propuesta de lo más retrógrada que se ha presentado en esta Cámara; no sabemos ni cómo calificarla, desde luego se califica sola.
Además hay alternativas, y paso a defender las tres enmiendas que mi grupo ha presentado, evidentemente sin ningún éxito, como todos los demás.
Por ejemplo, se puede reducir el número de parlamentarios, manteniendo la proporcionalidad dentro de cierta lógica, sustituyendo el distrito provincial en Castilla-La Mancha
por un distrito único. Uds. lo han rechazado y, sin embargo, saben que se puede hacer.
El Estatuto de Autonomía les permite instaurar un distrito único y reducir el número de parlamentarios manteniendo la representatividad y, por tanto, el pluralismo político.
Lo han rechazado hasta ahora. Les hemos planteado también un sistema de listas desbloqueadas; tampoco les ha gustado, lo han rechazado.
No es casual que uno de los grandes oligarcas que campan por sus respetos, el Sr. Berslusconi en Italia, haya puesto también esta exigencia a Renzi para aprobar
la ley electoral antipluralista que han aprobado ayer mismo en ese país.
Finalmente, les proponemos que la dedicación de los parlamentarios sea opcional.
Si creen Uds. que se puede ser parlamentario castellano-manchego sin dedicación exclusiva, muy bien, pero que haya un régimen opcional de dedicación exclusiva
o de dedicación parcial compatible con dedicaciones profesionales.
Que Uds. opten por que todo el mundo tenga que tener una dedicación puramente parcial va al fondo y al origen de la cuestión que les he dicho muchas veces.
Eso es volver al modelo de parlamentos decimonónicos que, en realidad, estaban ocupados por rentistas y aristócratas que no necesitaban trabajar y formaba parte de su dedicación
ocupar un puesto parlamentario y dedicar algún rato a las cuestiones públicas con mayor o menor entusiasmo.
Pero eso es algo muy alejado de lo que se entiende, a día de hoy, que tiene que ser un representante público. Veremos lo que Uds. nos dicen.
Para acabar del todo, solo les quiero hacer un comentario que deberían tomar en consideración.
Si en otras comunidades autónomas se aprobaran reformas como estas, el P.P. quedaría excluido de los parlamentos de comunidades como Euskadi, Navarra y Cataluña.
No sé si esto a Uds. les importa o no, no sé ya qué pensar, pero esto sería un resultado prácticamente automático.
¿Qué ocurre, que lo que importa es mantener y defender el feudo, renunciar a una visión de Estado y renunciar a que haya sistemas autonómicos electoralmente representativos?
Porque si eso es lo que quieren, con esta medida lo van a conseguir y sería un día de luto para la democracia. Gracias.